Un tribunal del Estado de México condenó a siete personas por su participación en la evasión de Pedro Luis "N", alias "Wicho", ex presidente municipal de Santo Tomás, ocurrida el 17 de diciembre de 2024 durante su toma de protesta en el jardín central de esa localidad. Las sentencias, dictadas mediante procedimiento abreviado, van de 4 años y 8 meses a 14 años de prisión y marcan un nuevo capítulo en la llamada Operación Enjambre, estrategia federal y estatal contra redes delictivas con respaldo institucional.
Entre los condenados figuran dos policías municipales, Ángel Díaz Zarco y Martín Santana Martínez, quienes recibieron las penas más altas: 14 años de prisión para el primero por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia, y 12 años y 8 meses para el segundo por evasión y robo con violencia. La primera regidora del ayuntamiento, María Raquel Rubio Rodríguez, fue sentenciada a 6 años por evasión y abuso de autoridad, mientras que la entonces secretaria del Ayuntamiento, Nélida Ávila Chamorro, recibió 4 años y 8 meses.
Las otras tres personas condenadas —Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua— eran civiles que participaron en la agresión a los agentes de la Fiscalía mexiquense y en los daños a los vehículos. Litzy Mariana Domínguez Vilchis fue sentenciada a 8 años y 8 meses por evasión y daño en bienes, en tanto que Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua recibieron penas de 4 años y 8 meses cada una.
La detención de "Wicho" se concretó meses después, el 8 de febrero de 2025, en el municipio de Valle de Bravo, como resultado de acciones operativas de la misma Operación Enjambre. Actualmente se encuentra interno en un penal estatal, según la información oficial.
La Operación Enjambre es una acción conjunta entre las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía mexiquense. Su objetivo es desarticular organizaciones delictivas que operaban en territorio mexiquense y que recibían apoyo institucional de algunos servidores públicos.
Con estas siete sentencias, suman 27 las personas condenadas en el marco de la Operación Enjambre. La estrategia se ha enfocado en investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su colaboración con grupos criminales con presencia en la entidad.
El caso de Santo Tomás refleja cómo la infiltración de autoridades locales en redes delictivas puede obstaculizar la acción de la justicia y poner en riesgo a los propios agentes. Las condenas, aunque dictadas por procedimiento abreviado, envían una señal sobre la responsabilidad de funcionarios y civiles que entorpecen detenciones ordenadas por un juez. Para los habitantes de la región, la resolución representa un avance en la rendición de cuentas, aunque la persistencia de este tipo de redes sugiere que el desafío institucional continúa.