La senadora Claudia Tello Espinosa presentó una propuesta para que las personas en situación de calle sean incorporadas como beneficiarias de los programas sociales del país, con el objetivo de atender las carencias múltiples que enfrenta este sector y que van desde la falta de vivienda y alimentación hasta la ausencia de empleo, educación y documentos de identidad.
La iniciativa coloca el foco en un grupo que, de acuerdo con la exposición de motivos, no solo padece rechazo y discriminación, sino que además queda fuera de los padrones y registros que permiten acceder a apoyos gubernamentales. Esa exclusión administrativa se convierte en una barrera adicional para salir de la situación de calle.
El planteamiento legislativo subraya que niñas y niños en esta condición son particularmente vulnerables, pues la falta de documentos de identidad dificulta su inscripción escolar, el acceso a servicios de salud y cualquier trámite que requiera acreditar la identidad o la filiación. Sin esos papeles, los programas sociales difícilmente pueden llegar a ellos.
En México no existe una cifra oficial única y actualizada sobre el número de personas que viven en situación de calle. Los conteos disponibles suelen provenir de ejercicios locales y organizaciones civiles, lo que dificulta dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas proporcionales. La propuesta busca que esa población deje de ser invisible para el sistema de bienestar.
La iniciativa también apunta a un problema de diseño institucional: los programas sociales operan con requisitos de identificación, domicilio y comprobantes que la población en situación de calle no puede cumplir. Incorporarlos como beneficiarios implicaría revisar reglas de operación, mecanismos de registro y protocolos de atención en ventanillas.
Organizaciones que trabajan con población callejera han señalado que la atención requiere un enfoque de derechos humanos y no solo asistencial, con rutas de vinculación a servicios de salud, educación y empleo. La propuesta legislativa abre la discusión sobre cómo integrar esos apoyos sin revictimizar a quienes ya enfrentan exclusión.
El impacto práctico de la medida, en caso de aprobarse, se mediría en la posibilidad de que una persona sin domicilio fijo pueda recibir un apoyo alimentario, acceder a una escuela o tramitar una identificación oficial. Son pasos básicos que hoy quedan fuera de su alcance por la vía administrativa.
La propuesta deberá discutirse en comisiones y, en su caso, pasar por el pleno del Senado. Su eventual aplicación dependería de la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, así como de la capacidad de los gobiernos locales para identificar y registrar a esta población sin exponerla a mayor discriminación.
Más allá de su viabilidad presupuestal, la iniciativa plantea una discusión de fondo sobre quién merece ser sujeto de la política social y cómo se construyen los registros oficiales. La respuesta que dé el Congreso definirá si las personas en situación de calle dejan de ser un sector ausente en los programas públicos o si la exclusión administrativa continúa.