El gobierno de Quintana Roo pondrá en marcha un proceso de actualización y certificación para 183 notarias y notarios públicos durante 2026, con el objetivo declarado de reforzar la certeza jurídica en actos que van desde compraventas hasta testamentos. La medida se enmarca en los 50 años del notariado estatal y busca que la función notarial incorpore criterios actualizados de validación de identidad y evaluación de riesgos.
Del total de fedatarios que serán certificados, 116 son notarios públicos titulares, seis son suplentes y 61 auxiliares, todos vigentes en el Directorio de Notarios del Estado. El curso es organizado por la Secretaría de Gobierno, que se encarga de su desarrollo y supervisión, junto con el Consejo de Notarios de Quintana Roo, responsable de definir los temas y coordinar a los ponentes.
La certificación se da en el contexto de una conmemoración que inició el 18 de noviembre de 1976, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Notariado mediante el Decreto 56 de la primera Legislatura. En esa historia se reconoce a Josefina Castro Ríos, primera mujer notaria en la entidad, designada Notaria Pública Titular Número 2 en agosto de 1978. El programa lleva su nombre.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el proceso y vinculó la capacitación con la confianza ciudadana. “Una persona cuando va a una notaría lo que busca es confianza, es certeza, estar en manos de alguien que le ayude, que haga valer sus derechos y que esa certeza jurídica deje de ser un concepto jurídico y se convierta en seguridad para una madre, un padre, una abuela, de saber que una decisión importante está bien respaldada”, expresó durante el acto.
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, señaló que los contenidos incluyen temas de vanguardia como el enfoque de riesgo y la validación de identidad. Esos rubros responden a una preocupación práctica: los notarios intervienen en operaciones donde se juegan patrimonios familiares y se requiere verificar quién firma, con qué facultades y bajo qué condiciones.
Entre las actividades cotidianas de la función notarial están las compraventas, las adjudicaciones judiciales y sucesorias, la constitución de sociedades y la elaboración de testamentos, además de otros actos que requieren fe pública. La actualización busca que esos procedimientos se realicen con criterios homogéneos y verificables.
Para la ciudadanía, el impacto es directo en trámites que suelen ser decisivos: la compra de una casa, la repartición de una herencia o la formalización de una empresa. Una certificación actualizada no elimina por sí sola los conflictos, pero establece un piso mínimo de capacitación para quienes dan fe de esos actos.
El artículo 14 de la Ley del Notariado para el estado de Quintana Roo da sustento a este tipo de actualizaciones. La norma establece obligaciones de capacitación para quienes ejercen la función, lo que convierte el programa en un mecanismo de cumplimiento normativo más que en una actividad optativa.
Durante el acto se entregaron reconocimientos a notarios con más de 25 años de ejercicio y se distinguió a la gobernadora en el marco de las cinco décadas del notariado estatal. También asistieron el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura, además de representantes del Consejo de Notarios y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
La certificación de 183 fedatarios no es un dato menor en una entidad con crecimiento inmobiliario y actividad económica intensa. La calidad de la función notarial incide en la seguridad de las inversiones, en la resolución de disputas patrimoniales y en la confianza de quienes acuden a una notaría. El reto será que la capacitación se traduzca en prácticas verificables y no solo en un requisito cumplido.