El gobierno de Quintana Roo mantiene abierta una consulta pública para que personas de 12 a 29 años participen en la elaboración de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, un ordenamiento que busca reconocer a este sector como titular pleno de derechos y no solo como objeto de políticas asistenciales. La convocatoria, canalizada a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, permanecerá vigente hasta el 16 de octubre y recibe planteamientos mediante un micrositio oficial.
El anuncio se hizo durante un foro estatal realizado en la Universidad Tecnológica de Cancún, donde la gobernadora Mara Lezama Espinosa pidió a los asistentes leer la propuesta, discutirla y enviar sus aportaciones. Ante estudiantes de esa casa de estudios y del CECyTE, así como representantes de planteles educativos, sostuvo que las juventudes cuentan hoy con mecanismos institucionales de diálogo que no existían en otras épocas.
La mandataria estableció un paralelo con el movimiento estudiantil de 1968, al recordar que aquella generación salió a las calles para exigir libertades políticas y fue reprimida. Frente a ese antecedente, planteó que el contexto actual ofrece vías legales para incidir en las decisiones públicas y llamó a aprovecharlas.
El proceso de consulta se construye de manera conjunta entre la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno y el Consejo Estatal de la Juventud, con el objetivo de recoger las voces de jóvenes de distintas regiones y contextos del estado. La convocatoria no se limita a la zona norte ni a estudiantes universitarios: el rango de edad y el canal digital buscan incluir a quienes no están en el sistema escolarizado.
En el evento también estuvieron la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; la viceconsejera consultiva de Legislación y Estudios Normativos, Paola Hernández Ortiz; la presidenta del Consejo Estatal de la Juventud, Jazmín Pech Monge, y el rector de la UT Cancún, Enrique Arturo Baños Abedun de Lima.
Para las personas interesadas, la participación implica revisar el documento base disponible en el micrositio, identificar los temas que consideren ausentes o insuficientes y enviar propuestas antes del cierre. La fecha límite es el 16 de octubre, por lo que el margen de acción es acotado y requiere que los planteamientos sean concretos para que puedan ser integrados al proceso legislativo.
La relevancia de esta ley radica en que Quintana Roo no cuenta con un ordenamiento específico que articule los derechos de las personas jóvenes. Si el proceso concluye con una norma aprobada por el Congreso local, el estado contaría con un instrumento para orientar políticas de empleo, salud, educación y prevención de violencia dirigidas a ese sector, aunque su impacto dependerá de la asignación presupuestal y de los mecanismos de exigibilidad que se definan.
El foro forma parte de una ruta de consulta que aún puede ampliarse con nuevas sedes o mesas de trabajo, según lo previsto por las instancias organizadoras. La invitación oficial es que más jóvenes se sumen antes del cierre y hagan llegar sus propuestas para que la ley refleje experiencias y necesidades reales, no solo diagnósticos institucionales.