La Operación Enjambre, desplegada en el Estado de México desde noviembre de 2024, ha derivado en 16 sentencias condenatorias que en conjunto suman mil 153 años y cinco meses de prisión contra 27 personas, de acuerdo con el balance oficial difundido este viernes. La cifra global asciende a mil 208 años y 10 meses al considerar procesos aún en curso, en una causa que nació tras el hallazgo de restos humanos de diez víctimas en pozos del municipio de Nicolás Romero.
El caso inicial puso bajo sospecha a elementos de la policía municipal de Nicolás Romero y, a partir de ahí, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificaron una red de protección que grupos criminales habrían tejido dentro de corporaciones de seguridad y administraciones municipales. Esa infiltración, según el recuento oficial, permitía a las organizaciones delictivas operar con menor riesgo en distintas zonas de la entidad.
Entre los sentenciados figuran cargos de primer nivel municipal. María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, recibió 70 años de prisión el 16 de diciembre de 2025 por homicidio en agravio de integrantes de su propia administración. Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumula dos condenas: 40 años por homicidio en enero de 2026 y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión en abril del mismo año.
La lista incluye también a Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, sentenciado a 50 años por secuestro exprés con fines de robo, y a Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, con 40 años de prisión. Los delitos que se les imputan abarcan homicidio, secuestro, secuestro exprés en sus variantes de robo y extorsión, extorsión y desaparición forzada.
El primer despliegue de la Operación Enjambre se realizó el 22 de noviembre de 2024 con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el gobierno estatal y la fiscalía mexiquense. Desde entonces, las detenciones han alcanzado a servidores públicos y exservidores de distintos niveles, incluidos presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios, directores de área y elementos de corporaciones.
El impacto de estas condenas va más allá del ámbito judicial. La infiltración de grupos criminales en policías municipales y administraciones locales ha sido señalada como uno de los factores que dificultan la seguridad cotidiana en el Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia delictiva del país. La Operación Enjambre busca desmantelar esas estructuras de protección que, según las autoridades, garantizaban impunidad a las organizaciones delictivas.
Para las comunidades afectadas, particularmente en municipios como Nicolás Romero, Amanalco, Tlatlaya y Coatepec Harinas, los procesos judiciales representan una señal de que las autoridades locales pueden ser investigadas y sancionadas. Sin embargo, la magnitud de las penas y la cantidad de implicados también evidencian la profundidad del problema: no se trata de casos aislados, sino de un entramado que involucra a quienes tenían la responsabilidad de proteger a la población.
El balance oficial no especifica cuántos de los 27 sentenciados han agotado todas las instancias judiciales ni detalla el estado de los procesos restantes. Tampoco precisa si las condenas incluyen reparación del daño para las víctimas o si existen investigaciones abiertas contra otros funcionarios en activo. La Operación Enjambre continúa en curso, según las autoridades, con nuevos despliegues operativos y actos de investigación en la entidad.