Morena volvió a colocar en la discusión pública el tema del llamado Cártel Inmobiliario, una presunta red de corrupción asociada a autorizaciones urbanas y beneficios privados.
El señalamiento apunta a estructuras políticas locales que habrían facilitado desarrollos, permisos o cambios de uso de suelo bajo criterios irregulares.
La polémica mantiene impacto en la Ciudad de México porque combina vivienda, planeación urbana, financiamiento político y responsabilidad administrativa.
El reto para las autoridades será traducir las denuncias públicas en investigaciones verificables, sanciones y reparación institucional.
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