La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió dos solicitudes de medidas cautelares por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, presentadas de manera individual por una diputada federal y una senadora de la República. El órgano determinó el retiro de cinco publicaciones alojadas en redes sociales y declaró improcedentes las medidas respecto a otras 97, en una sesión extraordinaria urgente de carácter privado.
En el primer caso, la Comisión consideró procedente la medida cautelar contra cinco publicaciones que, bajo la apariencia del buen derecho, podrían configurar violencia psicológica, simbólica y digital, al haberse difundido en perfiles de Facebook. La resolución implica que esos contenidos deberán ser retirados mientras se resuelve el fondo del asunto, sin que ello prejuzgue sobre la responsabilidad de quienes los emitieron.
El mismo proyecto declaró improcedente la medida cautelar respecto a 91 publicaciones. Los motivos fueron distintos: algunas están amparadas por la libertad de expresión, otras corresponden a hechos consumados de manera irreparable y varias más se difundieron desde perfiles genéricos sin que se identificara un contenido específico. La Comisión también rechazó adoptar medidas de tutela preventiva en este expediente.
En el segundo proyecto, la Comisión determinó improcedente la medida cautelar contra tres publicaciones porque no se advirtió que estuvieran sustentadas o vinculadas con elementos de género ni con apología a la violencia contra las mujeres. Otras tres publicaciones corrieron la misma suerte por tratarse de hechos consumados de manera irreparable. En este caso tampoco procedió la tutela preventiva solicitada.
La violencia política contra las mujeres en razón de género está definida en la legislación mexicana como toda acción u omisión que, por razones de género, limite o anule el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Puede manifestarse en agresiones verbales, difusión de información falsa o estereotipada, amenazas, hostigamiento y violencia digital, entre otras conductas. Las medidas cautelares son instrumentos provisionales que buscan evitar que los efectos de una conducta se prolonguen mientras se tramita el procedimiento sancionador.
El impacto práctico de este tipo de resoluciones es doble. Por un lado, las denunciantes obtienen una protección inmediata cuando la autoridad identifica indicios suficientes de violencia. Por otro, las decisiones sobre libertad de expresión y hechos consumados reflejan la dificultad de intervenir sobre contenidos ya difundidos masivamente, especialmente cuando circulan en perfiles anónimos o genéricos.
La resolución se produce en un contexto de creciente litigio por violencia política de género en México, donde las autoridades electorales han recibido un número sostenido de quejas relacionadas con redes sociales. La Comisión de Quejas y Denuncias opera como instancia preliminar: sus determinaciones no constituyen una sanción definitiva, sino una respuesta urgente ante posibles vulneraciones mientras se desarrolla el procedimiento ordinario.
Para las personas que enfrentan este tipo de agresiones, la vía disponible es presentar la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral o los organismos electorales locales, aportando evidencias de las publicaciones, capturas de pantalla y datos de identificación de los perfiles involucrados. La resolución de la Comisión no cierra el caso: el expediente continúa su curso y la autoridad podría emitir una determinación de fondo en las siguientes etapas del procedimiento.