La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, llamó a fortalecer las acciones institucionales para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como a generar condiciones que favorezcan su participación política libre de discriminación. El llamado se realizó durante el “Diálogo intercultural y de análisis público sobre los alcances de la reforma constitucional indígena y afromexicana”, celebrado en el ex recinto legislativo del Palacio de Gobierno de Jalisco, en Guadalajara.
En su conferencia “Igualdad de género, no discriminación y participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas a la luz de la reforma constitucional”, la consejera destacó que el reconocimiento de derechos en la Constitución es un avance fundamental, pero requiere de recursos, difusión y compromiso permanente de las instituciones para su implementación efectiva. Subrayó la importancia de escuchar a las comunidades y, en particular, a las mujeres, para que las medidas que se adopten respondan a sus contextos, necesidades y formas de organización, y permitan avanzar hacia la igualdad de oportunidades sin intervenir en su vida comunitaria.
López Vences señaló que alcanzar una mayor participación de las mujeres en los sistemas normativos indígenas implica comprender las condiciones en las que ejercen los cargos comunitarios, así como atender las desigualdades derivadas de los roles tradicionales y de las responsabilidades de cuidados que todavía recaen en ellas. En este sentido, sostuvo que las autoridades electorales tienen el reto de vigilar que las acciones afirmativas destinadas a personas indígenas y afromexicanas cumplan su propósito y no sean objeto de simulación o usurpación.
Asimismo, expresó que los partidos políticos deben asumir su responsabilidad para garantizar que estos espacios sean ocupados por las personas a quienes están dirigidos y favorecer condiciones reales de acceso a las candidaturas. Advirtió que las personas indígenas que acceden a candidaturas y cargos públicos continúan enfrentando expresiones de racismo y discriminación relacionadas con su apariencia física, lengua y vestimenta, por lo que consideró necesario impulsar cambios tanto desde las instituciones como desde la sociedad.
La reforma constitucional de 2024, enfatizó, representa un reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de la diversidad que caracteriza al país, pero su materialización demanda políticas, presupuesto y acciones institucionales permanentes. Finalmente, convocó a las instituciones a asumir las responsabilidades que les corresponden, mantener abiertos los espacios de diálogo y escucha, y evitar retrocesos en los avances alcanzados en materia de igualdad y no discriminación.
En el evento también participaron la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Zoad Jeanine García González; la magistrada Gloria Ángeles Cruz López, y la directora de Pueblos Originarios del Gobierno de Guadalajara, Dianna Guadalupe Montoya Eligio. Asimismo, estuvieron presentes el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco, Joaquín Rubio Sánchez, y la presidenta provisional transitoria del IEPC Jalisco, Claudia Alejandra Vargas Bautista.
El diálogo se enmarca en los esfuerzos por traducir los derechos reconocidos en la Constitución en realidades concretas para las comunidades indígenas y afromexicanas, que históricamente han enfrentado barreras para su participación política. La consejera insistió en que la igualdad sustantiva no se logrará solo con marcos legales, sino con acciones coordinadas entre instituciones, partidos y sociedad civil.
Para la ciudadanía, estas discusiones tienen implicaciones prácticas: la vigilancia de que las candidaturas indígenas y afromexicanas sean ocupadas por personas legítimas de esas comunidades, y que las mujeres no sean excluidas de los cargos de representación. La implementación efectiva de la reforma podría traducirse en una mayor diversidad en los órganos de gobierno y en políticas más cercanas a las realidades de estos pueblos.