La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo capacitó a su personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en materia de seguridad digital, prevención y atención de problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes. La actividad forma parte de los compromisos de la Agenda de Atención derivada de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, un ejercicio que recaba la opinión de menores de edad sobre temas de su entorno.
La jornada incluyó dos ponencias. La primera, sobre ciberseguridad y ciberacoso, estuvo a cargo de Juana Patricia Chang Bello, de la Unidad de División Científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien abordó la identificación de riesgos y amenazas en el ciberespacio, así como la importancia del acompañamiento y la educación digital para proteger la identidad, privacidad y bienestar de los menores.
La segunda ponencia, denominada "Extorsión y su comisión a través de medios digitales", fue impartida por Michael Emmanuel Ángeles Cerón y el comandante Raúl Pimentel Hernández, de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, quienes compartieron información para identificar y prevenir este tipo de conductas, así como mecanismos de actuación ante situaciones de riesgo en medios digitales.
Durante la apertura, la vocal ejecutiva de la Junta Local, Ma del Refugio García López, resaltó la importancia de la profesionalización y actualización permanente del personal en temas relacionados con los entornos digitales, ante los nuevos retos que representan el uso de las redes sociales, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Destacó la relevancia de contar con herramientas que permitan fortalecer las labores institucionales y contribuir a la protección de niñas, niños y adolescentes.
La fiscal especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, Diana Jeanethe Rodríguez López, señaló que estos conocimientos permitirán fortalecer las acciones derivadas de los compromisos de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 y contribuir a su difusión entre niñas, niños y adolescentes. También participó María Concepción Hernández Aragón, fiscal especializada en Justicia para Adolescentes, quien subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para fortalecer las acciones de prevención y generar conciencia sobre las consecuencias del uso inadecuado de las herramientas digitales.
Hernández Aragón advirtió que acciones como modificar y difundir imágenes o videos a través de redes sociales, incluso mediante el uso de inteligencia artificial, pueden vulnerar la dignidad de otras personas y derivar en conductas constitutivas de delito. Este tipo de prácticas, conocidas como violencia digital, han ganado visibilidad en México en los últimos años y afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes.
La capacitación fue gestionada a través de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Hidalgo, con la colaboración de personal especializado de la Procuraduría General de Justicia estatal. El INE Hidalgo indicó que con estas acciones da seguimiento a los compromisos derivados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 y fortalece la colaboración interinstitucional y la profesionalización de su personal para contribuir a la generación de entornos seguros y al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La formación de funcionarios electorales en temas de seguridad digital responde a un contexto en el que los menores de edad están expuestos a riesgos crecientes en línea, como el ciberacoso, la extorsión y el uso malintencionado de la inteligencia artificial. La capacitación busca que el personal del INE cuente con herramientas para orientar y proteger a este sector de la población, aunque no sustituye la responsabilidad de las autoridades de procuración de justicia en la investigación de delitos.
El alcance práctico de estas acciones dependerá de su continuidad y de que los conocimientos adquiridos se traduzcan en mecanismos concretos de atención y canalización de casos. La colaboración entre el INE y la fiscalía estatal apunta a que la protección de menores en entornos digitales se aborde desde la prevención y la educación, además de la persecución penal.