INE busca que personas en reclusión tramiten credencial de elector

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció esta semana una estrategia enfocada en facilitar el acceso a la Credencial para Votar a personas privadas de su libertad. El objetivo central es brindar información clara y oportuna sobre los requisitos y procedimientos para obtener este documento de identidad, que no solo permite votar sino que también es esencial para múltiples trámites cotidianos.

La estrategia contempla acciones de información, orientación, coordinación institucional y seguimiento dirigidas tanto a quienes están en prisión preventiva como a aquellos que cumplen una sentencia privativa de la libertad. El INE buscará que los reclusos conozcan los pasos para tramitar su credencial, ya sea por primera vez o para reponerla en caso de pérdida o deterioro.

En México, el derecho al voto de las personas en prisión preventiva está reconocido desde 2019, cuando una reforma constitucional eliminó la suspensión de derechos políticos para quienes aún no han sido sentenciados. Sin embargo, en la práctica aún existen barreras administrativas y de información que limitan su ejercicio. Para los sentenciados, la situación es diferente, ya que la ley prevé la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo de la condena, pero la credencial sigue siendo necesaria para otros fines.

El INE señaló que la iniciativa busca cerrar brechas de exclusión y garantizar que todas las personas tengan acceso a su identificación oficial, independientemente de su situación jurídica. La credencial para votar es el documento más utilizado en México para identificarse, y su falta puede dificultar el acceso a servicios de salud, bancarios o legales.

La estrategia incluye la difusión de materiales informativos en los centros penitenciarios, la capacitación del personal de los juzgados y la coordinación con las autoridades penitenciarias para agilizar los trámites. También se contempla el uso de módulos móviles del INE para atender a los reclusos que no puedan acudir a las oficinas fijas.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que la falta de credencial de elector es un obstáculo recurrente para que las personas privadas de la libertad accedan a programas de reinserción social, beneficios preliberacionales o incluso a la defensa legal adecuada. Por ello, el INE espera que esta estrategia contribuya a mejorar sus condiciones.

El Consejo General del INE aprobó el plan sin observaciones, aunque algunos consejeros pidieron poner atención en la protección de datos personales de los reclusos y en la coordinación con las autoridades estatales, ya que los centros penitenciarios son de competencia local. Se prevé que los primeros resultados se conozcan en los próximos meses, una vez que se inicien las visitas a los penales.

La implementación de esta estrategia representa un paso adicional hacia la inclusión política de un sector históricamente marginado. No obstante, su efectividad dependerá de la voluntad de las autoridades penitenciarias para colaborar y de la capacidad del INE para llegar a todos los centros del país, muchos de los cuales enfrentan problemas de sobrepoblación y falta de infraestructura.