La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) cumplió 36 años de operación y la conmemoración reunió este martes en Chilpancingo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, y a estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas y privadas. El acto central fue el foro “Juventudes por los Derechos Humanos”, realizado en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia, donde la mandataria estatal situó a los derechos humanos como base de la vida pública y condición de la democracia.
En su intervención, Salgado Pineda sostuvo que su administración ha gobernado con diálogo y respeto a la dignidad de las personas, y vinculó el ejercicio de esos derechos con condiciones concretas para la población joven: estudiar, expresarse sin miedo, vivir sin violencia y acceder a oportunidades. La gobernadora describió a las juventudes guerrerenses como un bloque diverso, con presencia de zonas urbanas y rurales, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, y afirmó que ninguna diferencia debe convertirse en barrera para una vida digna y segura.
El foro no se limitó a los discursos. Durante el evento se entregaron reconocimientos a trabajadoras y trabajadores de la CDHEG con más de 30 años de servicio, un gesto que la gobernadora enmarcó en el carácter humano que, dijo, adquieren las instituciones gracias a quienes las integran. La presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, agradeció el respaldo a grupos en situación de vulnerabilidad y a las políticas dirigidas a jóvenes, y llamó a construir un entorno de libertad y armonía con una juventud de voz propia y plenos derechos.
La conmemoración tuvo un componente institucional amplio. Asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la rectora de la UAGro, Leticia Jiménez Zamora; el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, y el diputado Joaquín Badillo Escamilla. La presencia de los tres poderes y de organismos autónomos en un mismo recinto sugiere que el acto buscó proyectar coordinación institucional en materia de derechos humanos.
Más allá del protocolo, el aniversario de la CDHEG ocurre en un estado donde la protección de derechos enfrenta presiones persistentes. Guerrero ha sido señalado de manera recurrente por organismos nacionales e internacionales por retos en materia de seguridad, desaparición de personas, desplazamiento interno y acceso a la justicia, especialmente en regiones rurales e indígenas. En ese contexto, la existencia y el fortalecimiento de una comisión estatal de derechos humanos no es un asunto menor: de su capacidad de investigación, acompañamiento a víctimas y emisión de recomendaciones depende buena parte de la ruta institucional para atender agravios.
Para la ciudadanía, el impacto práctico de estos actos se mide en la operación cotidiana del organismo: qué tan accesible es presentar una queja, cuánto tarda una investigación, si las recomendaciones se cumplen y si las víctimas reciben acompañamiento efectivo. La CDHEG atiende presuntas violaciones cometidas por autoridades estatales y municipales, y su labor puede derivar en recomendaciones públicas, medidas de reparación y, en su caso, en la promoción de sanciones administrativas. La conmemoración, por tanto, también es una oportunidad para revisar pendientes.
El enfoque en las juventudes añade una dimensión específica. En Guerrero, este sector enfrenta brechas educativas, limitadas oportunidades laborales y exposición a distintos tipos de violencia. Que un foro estatal coloque a los jóvenes como sujetos de derechos —y no solo como destinatarios de programas— puede contribuir a que las políticas públicas incorporen su participación en el diseño y la evaluación de las medidas que les afectan.
La conmemoración del 36 aniversario deja una agenda abierta. El discurso oficial subrayó la sensibilidad y el respeto a los derechos humanos como sello de gobierno; la prueba estará en la capacidad institucional para traducir esos principios en resultados verificables: atención oportuna a víctimas, cumplimiento de recomendaciones y reducción de las condiciones que vulneran derechos. La CDHEG, con más de tres décadas de trayectoria, sigue siendo una pieza clave para que esa promesa no se quede en el acto protocolario.