El gobierno de Guerrero firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Acapulco y el Colegio de Notarios del Estado para reforzar la aplicación de la Ley Número 864 de Operaciones Inmobiliarias, una norma que regula la actividad de agentes, asesores y prestadores de servicios del ramo en la entidad. La firma se realizó en el marco del Foro Notarial AMPI Acapulco 2026, celebrado en Chilpancingo, con la presencia de la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega.
El acuerdo busca sumar capacidades entre el sector público y los organismos profesionales para que las operaciones de compraventa, renta y asesoría inmobiliaria se realicen con mayor certeza jurídica. La ley estatal establece obligaciones de registro y profesionalización para quienes intervienen en este tipo de transacciones, un terreno donde la informalidad ha sido una constante en varias regiones del país.
Ramírez Vega señaló durante su intervención que el crecimiento económico de Guerrero requiere empresas más competitivas y una coordinación efectiva entre instituciones públicas y sectores productivos. Ubicó al sector inmobiliario como una actividad estratégica por su vínculo con el desarrollo urbano, la inversión turística, el establecimiento de empresas y la generación de empleos en los municipios.
En el caso de Acapulco, la funcionaria subrayó que se trabaja para consolidar nuevas oportunidades de desarrollo y que contar con profesionales mejor preparados y operaciones respaldadas por la legalidad contribuye a generar confianza entre propietarios, compradores, empresarios e inversionistas. El puerto ha enfrentado en los últimos años una reconstrucción económica tras los efectos de fenómenos meteorológicos, lo que hace especialmente sensible la certeza sobre la propiedad y los contratos.
El foro reunió también a la presidenta de AMPI Acapulco, Erika Salas Jiménez; a la subsecretaria de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, Covadonga Gómez Huerta; a la directora del Foro Notarial y vicepresidenta de la sección Acapulco, Deyanira Clavel Escobar Durán; al delegado regional en Acapulco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Noé Pantaleón Adame; al presidente del Colegio de Notarios del Estado, Agustín A. Meza Bustos, y al presidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, Ignacio Lacunza Magaña.
La participación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio resulta relevante porque es la instancia donde se inscriben las operaciones y se da publicidad a los actos jurídicos sobre inmuebles. Una coordinación más estrecha entre notarios, agentes inmobiliarios y autoridades registrales puede reducir riesgos como la venta de propiedades con gravámenes no advertidos o la operación de intermediarios sin acreditación.
Para la ciudadanía, el convenio no cambia por sí solo los trámites ni las tarifas, pero apunta a que las operaciones inmobiliarias cuenten con mayor respaldo documental y a que los profesionales del ramo actualicen criterios y buenas prácticas. En un estado con alta actividad turística y presión sobre el suelo en zonas costeras, la claridad sobre quién puede intervenir en una operación y bajo qué reglas es una condición práctica para proteger el patrimonio familiar.
El gobierno estatal indicó que continuará impulsando el diálogo con organismos empresariales y profesionales. El reto inmediato será traducir el convenio en mecanismos verificables de capacitación, registro y supervisión, de modo que la ley de operaciones inmobiliarias deje de ser un marco formal y se convierta en una herramienta cotidiana para compradores, vendedores y arrendatarios en Guerrero.