El alcalde de Guadalupe, Héctor García, planteó que la coordinación metropolitana en Nuevo León deje de depender de la voluntad política de cada gobierno y quede establecida en la ley, con el fin de que los proyectos de beneficio colectivo no se interrumpan cuando cambian las administraciones. La propuesta la presentó durante un foro sobre coordinación metropolitana organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL.
El planteamiento parte de una idea sencilla: los acuerdos entre municipios, estado y federación han funcionado en la práctica, pero al no tener un respaldo legal claro quedan expuestos a la discontinuidad. García señaló que ya existen iniciativas en el Congreso local y llamó a los diputados a retomarlas, al considerar que una metrópoli como la de Nuevo León no puede operar al cien por ciento sin coordinación entre sus gobiernos.
El edil puso como ejemplo la colaboración en seguridad y movilidad durante la organización del Mundial, así como la necesidad de dar continuidad a obras de infraestructura que atienden a habitantes de varios municipios a la vez. Esos casos muestran que los problemas y las soluciones cruzan las fronteras administrativas, por lo que un marco legal daría certidumbre a los proyectos que ya están en marcha y a los que se planeen en el futuro.
También se refirió a la crisis de agua que enfrentó Nuevo León, uno de los episodios más delicados de los últimos años en la entidad, para subrayar la importancia de planear a largo plazo. La falta de previsión en servicios esenciales, advirtió, compromete tanto el abastecimiento como el desarrollo económico y social de la zona metropolitana.
La coordinación metropolitana es un tema recurrente en Nuevo León, donde municipios como Guadalupe, Monterrey, San Pedro Garza García, Apodaca y Escobedo comparten problemas de transporte, agua, seguridad y residuos. Aunque existen instancias de colaboración, los especialistas han señalado que su efectividad depende en buena medida de la relación política entre los gobernantes en turno.
La propuesta de García incluye un llamado a legisladores, alcaldes, autoridades estatales, representantes de la iniciativa privada y jóvenes para impulsar la legislación. El objetivo, según su planteamiento, es fortalecer la colaboración entre gobiernos y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.
Para la ciudadanía, el impacto práctico de una ley de coordinación metropolitana estaría en la continuidad de obras y servicios que hoy dependen de acuerdos verbales. Un marco legal permitiría exigir su cumplimiento y dar seguimiento a los compromisos, aunque su alcance real dependerá de cómo se redacte la iniciativa y de su aprobación en el Congreso local.
El foro universitario sirvió como escenario para plantear el tema, pero la discusión legislativa es la que definirá si la propuesta avanza. Por ahora, la propuesta queda como una invitación a los diputados locales para convertir la coordinación metropolitana en una obligación legal y no solo en una buena intención entre gobiernos.