La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo una reunión de trabajo con familias de personas desaparecidas y representantes de colectivos de búsqueda de distintas regiones del estado, quienes le plantearon directamente sus necesidades y preocupaciones en los procesos de búsqueda y en la exigencia de resultados a las instituciones.
En el encuentro participaron familias y representantes de colectivos de Los Mochis, Guasave, El Dorado, Juan José Ríos, Culiacán y Mazatlán, además de personas provenientes de Durango vinculadas con casos de desaparición registrados en el sur de Sinaloa. La agenda incluyó temas de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda, avances en las investigaciones, identificación humana y respeto a los derechos de las víctimas y sus familias.
Por parte del gobierno estatal acudieron el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López; la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa; la comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, Karina Márquez, y la comisionada Estatal de Atención Integral a Víctimas, Gloria Uriarte. De la Fiscalía General del Estado asistieron su titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo; la fiscal especializada en Desaparición Forzada, Minerva Anaya Castro, y la directora General de Investigación Pericial, Cindy Fuentes.
La reunión se da en un contexto en el que los colectivos de búsqueda de Sinaloa han señalado de manera reiterada los riesgos que enfrentan durante sus recorridos, así como la lentitud de algunos procesos de identificación forense. La propia gobernadora reconoció la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos de desaparición, con el objetivo de avanzar en búsqueda, investigación e identificación humana.
El compromiso anunciado incluye dar seguimiento a las inquietudes planteadas y reforzar las acciones de seguridad y protección para las personas buscadoras, con atención especial a quienes enfrentan amenazas o han sido víctimas de atentados. Se trata de un sector que en los últimos años ha quedado expuesto a riesgos derivados de su labor, muchas veces sin medidas de resguardo suficientes.
Para las familias, el encuentro representa un canal de interlocución directa con las autoridades estatales y federales, aunque la efectividad de estos espacios suele medirse por resultados concretos: carpetas de investigación que avanzan, cuerpos identificados y condiciones de seguridad reales para quienes buscan. La expectativa es que los acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones verificables y no solo en mesas de diálogo.
La desaparición de personas es una de las problemáticas más sensibles en Sinaloa y en el país. Los colectivos han insistido en que la búsqueda no debe recaer exclusivamente en las familias y en que las autoridades deben asumir su responsabilidad con recursos, personal capacitado y protocolos claros. La identificación humana, en particular, es un cuello de botella recurrente por la saturación de servicios forenses.
El gobierno estatal refrendó su disposición a mantener un diálogo directo con las familias y colectivos, y a atender desde las instituciones las demandas que plantean quienes participan cotidianamente en la búsqueda de sus seres queridos. El seguimiento de estos compromisos será clave para evaluar si la reunión se traduce en mejoras tangibles para las personas buscadoras y para las familias que esperan respuestas.