El promedio diario de homicidios dolosos en México bajó 53 por ciento al pasar de 86 a 40 casos entre el inicio del actual gobierno y agosto de 2026, según cifras presentadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
La reducción equivale a 46 homicidios menos cada día, de acuerdo con el funcionario, quien atribuyó el resultado a una estrategia sostenida en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre instituciones. El encuentro con legisladores, presidido por el diputado Ricardo Monreal, sirvió como espacio para que el titular de la dependencia detallara los avances y los pendientes en materia de seguridad pública.
Uno de los puntos que García Harfuch destacó fue el uso de información convertida en inteligencia operativa. Señaló que el Centro Nacional de Inteligencia amplió su estado de fuerza en 36 por ciento y opera cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, además de haber generado 10 mil 825 tarjetas de alertamiento y 7 mil 782 fichas de investigación. Estas herramientas, dijo, buscan prevenir delitos, identificar amenazas y desarticular organizaciones criminales.
En el plano operativo, el secretario informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se detuvo a más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 207 objetivos prioritarios. Las capturas, sostuvo, buscan debilitar las estructuras operativas y financieras de los grupos delictivos. También mencionó la incorporación de 664 agentes egresados de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de los cuales más de 560 se integraron a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, con énfasis en el combate a la extorsión.
En materia de seguridad carretera, el funcionario resaltó la reducción del robo al autotransporte de carga mediante operaciones conjuntas entre la Guardia Nacional, la dependencia a su cargo y autoridades estatales. Añadió que el C4 carretero permitirá intercambiar información y coordinar operativos en corredores federales prioritarios, un punto relevante para el traslado de mercancías y la actividad económica de distintas regiones.
Sobre el combate a las finanzas criminales, García Harfuch indicó que la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y las instituciones del Gabinete de Seguridad ha permitido bloquear más de 24 mil cuentas e inmovilizar recursos por más de 8 mil 600 millones de pesos. El objetivo declarado es limitar la capacidad económica de los grupos delictivos, aunque el impacto de estas medidas en la operación cotidiana de las organizaciones no fue cuantificado en la comparecencia.
El secretario también se refirió a la cooperación internacional. Afirmó que México mantiene relaciones de colaboración e intercambio de información bajo principios de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía nacional, sin detallar acuerdos específicos con otros países.
Pese a los avances reportados, el funcionario reconoció desafíos persistentes en desaparición de personas, extorsión y violencia contra las mujeres. Estos delitos, admitió, requieren atención directa a las víctimas, investigaciones oportunas y una coordinación más estrecha entre los tres órdenes de gobierno. En desapariciones mencionó la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, aunque el texto disponible no permite conocer su alcance completo ni los resultados obtenidos hasta ahora.
La comparecencia ante la Junta de Coordinación Política forma parte del ejercicio de rendición de cuentas del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para la ciudadanía, los datos presentados ofrecen un panorama de la estrategia federal, pero también dejan abiertas preguntas sobre la efectividad de las medidas en territorios donde la extorsión y la desaparición siguen siendo problemas cotidianos. El reto señalado por el propio secretario es traducir la coordinación institucional en resultados verificables para las víctimas y sus familias.