La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró un predio ubicado dentro del Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, luego de que el gobierno municipal denunciara presuntas actividades de lotificación y derribo de árboles en esa zona de protección ambiental. La intervención ministerial se concretó con la colocación de cuatro sellos con la leyenda “Asegurado” en el terreno, identificado por las autoridades dentro del Parque Pichardo Pagaza.
El aseguramiento estuvo a cargo de personal de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, que realizó diligencias en el sitio. En la actuación participaron también áreas municipales de Sustentabilidad y Medio Ambiente, la Dirección Jurídica y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que acompañaron el trabajo de la autoridad estatal.
El caso se originó después de que el presidente municipal Daniel Serrano diera a conocer públicamente indicios de posibles actividades de urbanización dentro de esta zona de conservación. De acuerdo con la información disponible, el señalamiento se hizo tras un recorrido de inspección en el parque y fue presentado ante las instancias estatales competentes en materia ambiental para que se realizaran las actuaciones correspondientes.
El Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe es un área natural protegida cuyo valor ambiental radica en la conservación de recursos naturales y el equilibrio ecológico de la región. La presencia de actividades de lotificación o tala en su interior representa un riesgo para la recarga de mantos acuíferos, la biodiversidad y la estabilidad de los suelos, además de contravenir las restricciones de uso que pesan sobre este tipo de zonas.
Para los habitantes de Cuautitlán Izcalli, el aseguramiento implica que el predio queda bajo resguardo ministerial mientras avanzan las investigaciones. Esto no resuelve de forma automática el daño ambiental que pudiera haberse causado, pero sí establece un control sobre el terreno y abre la posibilidad de que se deslinden responsabilidades por las actividades detectadas.
El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender por posibles ofertas de terrenos en zonas sujetas a restricciones ambientales y para verificar la situación jurídica de cualquier propiedad antes de concretar una compraventa. Este tipo de advertencias cobra relevancia en un contexto donde la presión inmobiliaria sobre áreas protegidas puede derivar en fraudes o en la venta de predios sin permisos.
La administración local señaló que continuará dando seguimiento al caso y colaborando con las instancias competentes para prevenir actividades que contravengan las disposiciones legales aplicables a las áreas naturales protegidas. El aseguramiento representa un paso dentro de una investigación que aún debe determinar el alcance de las irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.
La protección de este tipo de espacios requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y una vigilancia sostenida, pues las áreas naturales protegidas enfrentan presiones constantes por el crecimiento urbano. El caso del Parque Pichardo Pagaza evidencia la importancia de que las denuncias ciudadanas y las acciones institucionales se traduzcan en medidas concretas de resguardo y, eventualmente, en la restauración de los ecosistemas afectados.