La Fiscalía General de la República atrajo la investigación por el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital, Veracruz. La comunicadora continúa desaparecida.
La decisión coloca el caso en el ámbito federal y obliga a revisar líneas de investigación relacionadas con libertad de expresión, además de las hipótesis locales sobre privación ilegal de la libertad. Organizaciones de defensa de periodistas habían pedido aplicar protocolos especializados y considerar su labor informativa como posible móvil.
Guzmán fundó y trabajaba en un medio local con cobertura comunitaria. Su desaparición reactivó alertas sobre violencia contra periodistas en Veracruz y sobre la necesidad de coordinación entre fiscalías, fuerzas federales y mecanismos de protección.
El punto central es la búsqueda con vida. La atracción del caso no sustituye resultados: debe traducirse en acciones verificables, comunicación con la familia y una investigación capaz de identificar responsables sin exponer más a fuentes, colegas o personas cercanas a la víctima.