La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó en la Aduana de Manzanillo, Colima, tres cargamentos de tenis procedentes de China que en conjunto sumaban aproximadamente 11 mil 755 pares de calzado deportivo presuntamente apócrifo. El aseguramiento ocurrió como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que las autoridades implementan para fortalecer el control de las operaciones de comercio exterior.
Este decomiso se enmarca en los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con la Secretaría de Marina. Según el comunicado, el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del país.
La Aduana de Manzanillo es una de las más importantes de México por su volumen de carga, principalmente de origen asiático. En los últimos años, las autoridades han incrementado la revisión de mercancías para detectar productos apócrifos, que suelen ingresar al país mezclados con cargamentos legales. Este tipo de aseguramientos busca proteger tanto la economía formal como la salud de los consumidores, pues muchos productos falsificados no cumplen con las normas de calidad y seguridad.
El calzado deportivo decomisado tenía como destino el mercado mexicano, donde la venta de tenis de marcas reconocidas a precios bajos suele ser un indicio de falsificación. Las autoridades no han precisado el valor estimado de la mercancía ni las marcas afectadas, pero el volumen asegurado sugiere un impacto económico considerable para los presuntos infractores.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad robustecen la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia para la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior. El comunicado destaca que estas labores forman parte de las acciones permanentes para contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.
Para los consumidores, este tipo de decomisos representa una advertencia sobre los riesgos de adquirir productos de dudosa procedencia, pues además de vulnerar los derechos de autor, pueden carecer de garantía y no cumplir con estándares de calidad. Las autoridades recomiendan comprar en establecimientos autorizados y verificar la autenticidad de los productos, especialmente en temporadas de alta demanda como el Buen Fin o las fiestas decembrinas.
El aseguramiento de mercancía apócrifa en aduanas es una práctica recurrente, pero el volumen de este decomiso en particular resalta la magnitud del problema. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio de productos falsificados representa alrededor del 3.3% del comercio mundial, y México es uno de los países con mayor incidencia en la región.
Las autoridades no han informado si hay personas detenidas o si se ha iniciado una investigación penal contra los responsables del envío. Por lo general, en estos casos se notifica al titular de la marca para que presente la denuncia correspondiente, y la mercancía queda asegurada mientras se determina su destino final, que puede ser la destrucción o la donación a programas sociales, previa autorización judicial.
Este decomiso se suma a otros aseguramientos realizados en puertos mexicanos durante el año, lo que refleja una mayor coordinación entre las dependencias federales para combatir el contrabando y la piratería. La ANAM, creada en 2022 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, ha asumido un papel central en la vigilancia de las aduanas, con el apoyo de la Marina en los puertos marítimos.
La ciudadanía puede denunciar de manera anónima la venta de productos apócrifos a través de los canales oficiales, como la línea de denuncia de la Secretaría de Economía o el portal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La participación social es clave para desalentar este tipo de prácticas que afectan la economía y la seguridad de todos.