El nuevo secretario de Obras Públicas de Sinaloa, José Manuel Acosta Bernal, se reunió con el dirigente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Manuel de Jesús Espinoza Gallardo, y con delegados estatales, quienes respaldaron su nombramiento y se comprometieron a trabajar en unidad con el gobierno estatal. El encuentro ocurrió en Culiacán y marca el primer acercamiento formal entre el funcionario y el gremio constructor desde su designación.
Acosta Bernal señaló que la gobernadora Graciela Domínguez Nava le instruyó ser equitativo, incluyente y justo con las empresas que realicen obra pública, con atención especial a las pequeñas y medianas. En su mensaje, el secretario afirmó que buscará atender a todos los constructores y llevar a su máxima expresión las instrucciones recibidas para trabajar en un esquema de beneficio mutuo.
El funcionario también mencionó que se buscará hacer valer la Ley de Obras Públicas que la AMIC promovió en su momento, cerrar bien el año y preparar una programación adecuada para 2027. Agregó que se quiere reconstruir una alianza con el sector y convertir los compromisos en acciones concretas.
Por parte del gremio, Espinoza Gallardo expresó el respaldo al nombramiento y destacó la trayectoria del nuevo secretario, tanto en la función pública como en su relación con la asociación. Marco Antonio Armenta, delegado de AMIC en Sinaloa, manifestó la disposición de apoyar al gobierno estatal, al igual que el vicepresidente nacional Jesús Armando Ordeño, quien planteó que ese respaldo podría incluir maquinaria en caso de inundaciones.
El presidente regional de AMIC, Carlos Nicolás López Márquez, dijo que el sector está contento con los cambios y con que la titularidad de Obras Públicas recaiga en un arquitecto de amplia trayectoria. También expresaron su respaldo Karelia Velázquez Dumas, vicepresidenta nacional de prestadores de servicios; Guadalupe Lujano Magallanes, presidente de la zona sur; Francisco Miguel Camacho, de AMIC Guasave; Sergio Castro Blanco, Eduardo Espinoza, Jorge Luis Rivera y Jorge Velázquez Aragón.
La reunión ocurre en un contexto en el que la obra pública estatal enfrenta retos de transparencia y eficiencia en la asignación de contratos. La instrucción de priorizar a pequeñas y medianas empresas puede traducirse en más oportunidades para constructoras locales, aunque también implica vigilar que los procesos de licitación se apegue a la normativa y eviten discrecionalidad.
Para la ciudadanía, los acuerdos entre autoridades y constructores tienen efectos directos en la calidad y el costo de la infraestructura: caminos, drenaje, escuelas y espacios públicos. La disposición de maquinaria del gremio ante emergencias por inundaciones podría ser un apoyo logístico relevante en temporada de lluvias, siempre que se formalice mediante convenios claros y no sustituya la responsabilidad gubernamental.
El respaldo del sector a la nueva titularidad no exime a la dependencia de rendir cuentas sobre la planeación y ejecución del gasto. La promesa de hacer valer la Ley de Obras Públicas y de cerrar el año con una programación ordenada para 2027 será evaluada por la ciudadanía y las propias empresas, que esperan reglas parejas y pagos oportunos.
La reunión también deja ver la intención del gobierno estatal de mantener una relación cercana con un gremio clave para la reactivación económica. El reto será que esa cercanía no derive en conflictos de interés y que los beneficios lleguen a las obras que más necesita la población, especialmente en municipios con rezago en infraestructura.