Legisladores, especialistas y representantes de la sociedad civil coincidieron en que las personas de la diversidad sexual deben competir en condiciones equitativas en los procesos electorales y acceder de manera efectiva a cargos de representación popular, durante un foro celebrado en el Senado de la República enfocado en las acciones afirmativas LGBTIQ+ rumbo al proceso electoral de 2027.
El encuentro titulado “Acciones afirmativas LGBTIQ+ en el proceso electoral 2027” reunió a voces del ámbito legislativo, académico y activista para discutir los mecanismos que permitirían cerrar la brecha de representación que enfrenta este sector de la población en los espacios de decisión pública.
Las acciones afirmativas son medidas temporales de carácter compensatorio que buscan corregir desigualdades históricas en el acceso a derechos políticos. En México se han aplicado principalmente para garantizar la participación de mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y de la diversidad sexual en la integración de órganos legislativos y ayuntamientos.
La discusión ocurre en un contexto donde la representación LGBTIQ+ en el Congreso y en los congresos locales sigue siendo marginal respecto a su peso demográfico. Aunque no existe un censo oficial desagregado por orientación sexual e identidad de género, organizaciones civiles estiman que una proporción significativa de la población se identifica con alguna identidad diversa, sin que ello se refleje en escaños ni en cargos de elección popular.
El proceso electoral de 2027 renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos locales, lo que convierte al diseño de las reglas de postulación en un asunto con efectos concretos sobre la composición del poder legislativo y sobre la agenda pública de los próximos años.
Para que las acciones afirmativas operen, se requiere que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales definan lineamientos de paridad y cuotas, y que los partidos políticos las incorporen en sus procesos internos de selección de candidaturas. Hasta ahora, esos mecanismos han sido objeto de litigios y de interpretaciones variables entre elecciones.
La exigencia planteada en el foro apunta a que las condiciones de competencia no dependan solo de la voluntad de los partidos, sino de reglas verificables que reduzcan las barreras de acceso, financiamiento y visibilidad que enfrentan las candidaturas de la diversidad sexual.
El debate también toca la representación efectiva: no basta con postular candidaturas simbólicas, sino con garantizar que quienes lleguen a un cargo puedan ejercerlo sin discriminación y con capacidad de incidir en la agenda legislativa. Ese es el punto donde las acciones afirmativas se vinculan con derechos humanos y con la calidad de la democracia.
La discusión legislativa continuará en comisiones, donde se definirán los alcances de las medidas. El resultado impactará directamente en la oferta electoral de 2027 y en la posibilidad de que más personas de la diversidad sexual ocupen espacios de representación popular en el ámbito federal y local.