Un total de 460 personas en Baja California Sur concluyeron durante 2026 cursos de primeros auxilios impartidos por el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), como parte de una estrategia para que la población pueda actuar en los minutos críticos de una emergencia médica antes de que lleguen los servicios profesionales.
La capacitación se distribuyó en 22 cursos dirigidos a dependencias públicas y organismos civiles, según lo expuesto durante la sesión ordinaria del consejo, en la que participaron autoridades del sector salud, Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad pública, representantes de los ayuntamientos, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Finanzas y la Cruz Roja.
La secretaria de Salud estatal, Ana Luisa Guluarte Castro, señaló que estos cursos permiten adquirir o reforzar habilidades para brindar atención inicial a personas cuya integridad o vida está en riesgo por un accidente o una emergencia de salud. El objetivo, dijo, es que haya personas preparadas para responder mientras arriban los paramédicos u otros profesionales.
El contenido de las capacitaciones abarca la evaluación de la escena, la activación del sistema de atención prehospitalaria mediante el 911, la valoración del lesionado, el soporte vital básico y el manejo inicial de lesiones. Se trata de procedimientos que, aplicados correctamente en los primeros minutos, pueden reducir complicaciones y aumentar las probabilidades de sobrevivencia.
La relevancia de este tipo de formación radica en que, en muchas zonas del estado, el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia puede extenderse por la dispersión geográfica o las condiciones de las vialidades. Contar con personas capacitadas en escuelas, oficinas públicas y organizaciones civiles amplía la red de respuesta inmediata más allá de los cuerpos especializados.
Como parte de los acuerdos de la sesión, se determinó ampliar de manera programada las capacitaciones a planteles de educación básica, con la finalidad de que las comunidades escolares cuenten con los conocimientos para actuar oportunamente ante situaciones de emergencia. La medida busca que docentes, personal administrativo y eventualmente estudiantes tengan herramientas básicas de reacción.
La extensión del programa a escuelas plantea retos operativos, como la disponibilidad de instructores, la calendarización sin afectar actividades académicas y la actualización periódica de los conocimientos. También implica definir protocolos claros sobre cuándo un primer respondiente debe intervenir y cuándo limitarse a activar el sistema de emergencias.
Para la población, el impacto práctico se traduce en una mayor probabilidad de recibir atención inicial en caso de accidentes en el hogar, la vía pública o el entorno escolar. La formación de primeros respondientes no sustituye a los servicios médicos profesionales, pero sí puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo inmediato.
El reto para 2027 será sostener el ritmo de capacitación y verificar que los conocimientos adquiridos se mantengan vigentes, además de medir si el programa llega a los municipios con mayores índices de accidentes. La ampliación a escuelas es el siguiente paso de una estrategia que, hasta ahora, se ha concentrado en dependencias y organizaciones civiles.